Jose Palma no le dijo a su madre cuando se rompió su clavícula jugando fútbol. Como un inmigrante indocumentado de 13 años que vive en Connecticut, Palma sabía que su familia no podía aguantar el gasto.
En muy poco tiempo, su madre se dio cuenta de que algo no estaba bien y lo llevó a una clínica en Stamford donde confirmaron su herida. Aunque Palma necesitaba más exámenes y radiografías, el médico a cargo no le ordenó las citas de seguimiento porque ellos no podían pagar.
“Mi clavícula está sana, pero me da miedo jugar y herirme o enfermarme porque sé que aunque mi madre haría todo lo posible para pagar las facturas médicas, yo sé lo difícil que eso fue para ella”, él dijo.
Palma fue solo uno de doscientas personas que testificaron frente al Comité de Servicios Humanos el 14 de febrero en apoyo de la Propuesta de Ley de la Cámara 6616, la cual extenderá la cobertura de Medicaid a residentes que son elegibles por sus ingresos menores de 26 años, independientemente de su estado inmigratorio. Otras personas expresaron sus preocupaciones acerca del costo de la expansión.
Una desgarradora historia tras otra mostró la necesidad de invertir en el cuidado preventivo, comentó la representante estatal y copresidenta del Comite de Servicios Humanos, Jillian Gichrest, D-West Hartford.
“El testimonio enseñó que esto es una cuestión de vida o muerte”, ella dijo. “Sin esta cobertura, hay personas que han perdido familiares, que han fallecido, y hay personas que tienen miedo que sin recibir el cuidado de salud preventivo, ellos fallecieron”.
¿Cuál es el problema?Carmen Lanche, una activista con mucha experiencia y madre de dos, ha estado viviendo con el diagnóstico de lupus, sin tratamiento, por más de 12 años. Ella le explicó al comité que no ha conseguido cuidado de salud económica, ya que es indocumentada y no tiene seguro médico.
Con voz temblorosa, Lanche describió el dolor constante que proviene de su hígado, pulmones y corazón, cuando tiene un brote de su condición. Ella gasta aproximadamente $1,000 al mes para cubrir su medicamento y toma solo una pastilla para manejar su dolor. Sin embargo, su condición se está empeorando con brotes frecuentes e intensos.
Lanche tiene solo 45 años y sabe que si no consigue el cuidado apropiado, no va a durar mucho tiempo.
“Me estoy muriendo lentamente. Quiero ver a mis hijos crecer”, ella dijo entre sollozos.
Según el Migratory Policy Institute, casi el 60% de los 113.000 inmigrantes indocumentados en Connecticut no tenían seguro médico en el 2019.
La alta tasa de personas sin seguro médico en la comunidad indocumentada se debe a los obstáculos sistémicos, los cuales dificultan el acceso a seguros de salud privada y pública, explicó Carolina Bortolleto, miembro destacada de HUSKY para los Inmigrantes (HUSKY for Immigrants).
El Kaiser Family Foundation reportó que muchas personas que no son ciudadanos no son elegibles para seguros públicos y tienen trabajos de baja paga, los cuales no ofrecen seguros de salud. Tampoco,pueden pagar por el seguro médico la aseguranza proporcionada por el empleador. Muchos también se enfrentan con problemas de inscripción, tal como el temor, la confusión y las barreras de lenguaje y alfabetización.
Adicionalmente, las personas que no son ciudadanos tienen más probabilidad de reportar que no tienen un proveedor constante de atención médica y la evitan por su costo. Como resultado, los individuos sin seguro médico dependen mayormente en los servicios de emergencia y el Medicaid de emergencia, los cuales usualmente son más costosos.
“El acceso [actual] al cuidado médico que las personas [indocumentadas] tienen son las clínicas comunitarias gratuitas, o esperar hasta que haya una emergencia”, dijo Bortolleto. “Entonces van a la sala de emergencia, lo cual significa que el tratamiento que necesitan es más caro e invasivo”.
La información del Connecticut Office of Health Strategy indica que la dependencia en los servicios de emergencia le causa una gran carga financiera al estado. Del 2020 al 2021, el estado pagó $834 millones en cargos de cuidado no compensados, marcando un aumento del 7.5% en costos desde 2019.
En la audiencia pública, varias personas relataron cómo muchos de sus familiares no priorizan su salud, aun cuando sus heridas eran extremadamente dolorosas o casi fatales.
Hyeong Choi es estudiante de medicina en Yale e investigadora de salud pública. Recordaba ver a sus padres con heridas severas mientras trabajaban en fábricas y restaurantes, pero nunca buscaban ayuda médica. En vez, sus padres dependen de masajes, medicamentos y descanso para ayudarle con el dolor, porque no tienen seguro médico.
“No le puedo describir cuán indefensa me sentí cuando el auto de mi padre se volteó sobre la autopista lluviosa durante su viaje diario y se negó a ir a la sala de emergencia”, ella dijo.
Todos los miembros de la familia de Choi tienen condiciones médicas crónicas, las cuales se han empeorado porque no tienen acceso al cuidado necesario sin un seguro. Por ejemplo, su madre se auto medicó sus dolores de cabeza diarios, los cuales eran un síntoma de hipertensión severa. Mientras que su padre desarrolló lesiones a través de su hígado por no recibir tratamiento para su hepatitis.
“Las políticas actuales están enfermando más a las personas”, ella comentó. “El tener acceso a la aseguranza médica nos ayudará a vivir vidas más felices y saludables”.
¿Cuál es el proyecto de ley? El proyecto de ley HB 6616 extiende la cobertura de HUSKY a todos los residentes que son elegibles por su ingreso, de 26 años o menores, independientemente a su situación migratoria. La población a la cual este proyecto de ley le proporciona cobertura incluye los inmigrantes que están legalmente presentes, los que no han estado presentes en el estado por suficiente tiempo para ser elegibles para HUSKY. También incluye los que no son ciudadanos, tal como los solicitantes de asilo y los individuos indocumentados.
Si se aprueba, el proyecto de ley aumentaría los niveles de inscripción al seguro médico entre los inmigrantes por el 43%, según el RAND Corporation.
William Gui Woolston, director de Medicaid y de la división de servicios de salud para el Departamento de Servicios Sociales (DSS), testificó que la legislación se implementará lentamente. Él explicó que la cobertura abriría para los individuos de 21 años o menores en enero de 2024. El resto de las personas tendrían acceso en junio del mismo año.
Woolston comentó que el departamento calculó que la expansión costará $15 millones al año al estado.
Expandir HUSKY a todos los residentes elegibles por su ingreso, a pesar de su edad o situación migratoria, le costará $83 millones al estado, contando con el 3% del presupuesto de Medicaid anual, según RAND.
El Senador estatal Matt Lesse, D-Middletown, co-presidente del Comite de Servicios Humanos, dijo que el proyecto de ley está en las primeras etapas del proceso de legislación y considera que el HB 6616 es una “primera versión.” Sin embargo, él espera que pase con pocas enmiendas, ya que el acta está construyendo una base estable y ha sido recibida con brazos abiertos por el público.
“Conocemos de otros estados que han intentado esto, que conduce a una población más saludable… ahorra dinero de los contribuyentes y reduce el costo del cuidado de salud”, dijo.
En el año 2021, la legislatura estatal de Connecticut expandió la cobertura de HUSKY a todas las personas embarazadas que son elegibles por su ingreso y a los niños hasta los 8 años de edad, independientemente a su situación migratoria. El 1 de enero, se extendió aún más para cubrir a los niños hasta los 12 años de edad. Lesser comentó que la última expansión pasó por el Senado estatal con apoyo bipartidista.
Según el DSS, más de 2,000 niños se han inscrito en HUSKY desde la expansión más reciente.
Aumentar el límite de edad de la cobertura gradualmente permite que se hagan estudios acerca de la demanda y el impacto fiscal a largo plazo sin abrumar el mercado, dijo Lesser. Aunque todavía sigue llegando información acerca de la expansión reciente, Lesser dijo que el resultado general será positivo y fiscalmente responsable.
“Hemos podido empezar poco a poco para comprobar que el programa trabaja y para prevenir el sobrecargo del sistema”, dijo. “Primero intentamos con los niños pequeños. Ahora, estamos moviéndonos a los niños un poco más grandes y estamos usando esto para resolver los pequeños problemas en el sistema y aprender lo que podemos mejorar”.
Beneficios a largo plazoBortolleto dijo al comité que es indocumentada y no tiene seguro médico aunque lleva viviendo, trabajando y pagando impuestos en Connecticut desde 1988. Cuando tenía 25 años, Bortolleto estuvo hospitalizada ocho meses debido a una perforación en su estómago.
Una noche se despertó con dolor “insoportable”, pero pospuso ir al hospital por no tener seguro médico. Finalmente, el dolor fue tanto que no lo pudo soportar y fue a la sala de emergencia, justo antes de que se perforara su estómago. Los médicos le dijeron a Bortolleto que había tenido una obstrucción en su estómago, la cual pasó desapercibida por varios meses.
Bortolleto se quedó con una enorme factura del hospital de $1.3 millones, por su cuidado. Sin embargo, el estado la absorbió y cubrió su factura médica por medio del Medicaid para emergencias y el costo de cuidado sin compensación.
“Si hubiese tenido seguro médico a los 22 años…¿se hubiese diagnosticado antes mi obstrucción en el estómago?” ella le preguntó al comité. “Si hubiese tenido aseguranza esa noche cuando me desperté…¿me hubiese ido [al hospital] más temprano?¿Hubiese hecho una diferencia?”
La Representante estatal Robyn Porter, D-New Haven, una proponente del proyecto de ley HB 6616, comentó que la expansión de HUSKY es una medida fiscal y moralmente responsable, ya que el aumento de acceso a servicios de cuidado preventivo crea una comunidad más saludable y disminuye la necesidad de servicios de emergencia.
Según RAND, la expansión de HUSKY a todos los residentes elegibles por su ingreso le ahorrará hasta $72 millones de cuidado no compensado a los hospitales. Adicionalmente, la reducción de los niveles de personas sin seguro médico entre los inmigrantes indocumentados y legalmente presentes, reduciría sustancialmente el costo del Medicaid de emergencia a nivel estatal.
“Cuando estamos hablando acerca de dólares y centavos, no tiene sentido el no ofrecer cobertura a todos”, dijo Porter. “Es mucho dinero y no veo la razón por la cual no entendemos el beneficio en asegurarnos que estemos cuidando la salud de las personas por una pérdida de productividad”.
Adicionalmente, Porter comentó que aprobar el HB 6616 es una cuestión ética. Dijo que todos merecen tener acceso a un cuidado de salud económico. Ella añadió que muchos inmigrantes indocumentados pagan impuestos estatales para los programas financiados por el gobierno, pero nunca reciben los beneficios.
Uno de cada seis trabajadores en Connecticut fueron inmigrantes en 2018, según reportó el American Immigration Council. Ese mismo año, los hogares de inmigrantes en el estado pagaron $2.6 billones en impuestos estatales y locales. Los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente $197.4 millones en impuestos estatales y locales.
“Estas personas han invertido y continúan invirtiendo en el estado y en este país, aunque son indocumentados. Ellos están mejorando la calidad de vida para muchos de nosotros”, dijo Porter.
Para terminar, Gilchrest dijo que el proyecto de ley recibió un inmenso apoyo de los residentes de Connecticut y que la aprobación de la ley estaría de acuerdo con lo que quieren los electores.
Una encuesta investigativa de febrero por el Universal Healthcare Foundation of Connecticut presentó que el 57% de los electores apoyan la expansión del acceso a HUSKY.
Gilchrest también estimó que el 80% de los 232 testimonios que se presentaron durante la audiencia pública apoyaban el HB 6616.
Los electores “reconocen que todos deben tener acceso al cuidado de salud y que, primero que nada, esto es un derecho humano”, ella dijo. “Segundo, simplemente tiene sentido para la salud y financieramente, porque debemos invertir en el cuidado preventivo”.
Creando accesoSi es aprobada el HB 6616 facilitaría el acceso a los servicios necesarios de salud mental para los jóvenes en un ambiente donde la salud mental es altamente estigmatizada, dijo Juan Fonseca Tapia, durante la audiencia pública.
“Estoy seguro que este proyecto de ley abriría puertas para más jóvenes que están luchando hoy y buscando ayuda, aunque sus padres o la comunidad le digan que la depresión no es real”, dijo Tapia. “La aprobación de esta ley ayudará a acercarnos más a una sociedad donde más personas podrán acceder el cuidado que necesitan, especialmente cuando la vida es especialmente difícil y uno siente que no hay una salida”.
Tapia le contó al comité acerca de Jenny, su sobrina de 15 años, quien murió por suicidio en 2015. Jenny tenía cinco años cuando su familia se mudó de México a Connecticut. Tan pronto aprendió Inglés, Jenny se volvió la intérprete de la familia y estaba bajo mucha presión, comentó Tapia.
Jenny atentó contra su vida por primera vez en febrero de 2015, pero Tapia dijo que su padre (el hermano de Tapia) lo descartó como una reacción exagerada y una maniobra para llamar la atención.
“Desafortunadamente, el padre de Jenny estaba equivocado porque , me encontré en una funeraria hablando acerca de los arreglos funebres para mi sobrina el 15 de septiembre”, dijo Tapia, mientras intentaba contener sus lágrimas.
Tapia terminó su testimonio rogándole al comité que aprueben el HB 6616 para que los jóvenes que se sientan como Jenny puedan obtener el cuidado que necesitan.
Preocupaciones
Muchas personas expresaron sus preocupaciones y oposición al proyecto de ley durante la audiencia pública.
Woolston anunció que el Departamento de Servicios Sociales no apoyaba el proyecto de ley, porque el costo de la expansión anual no estaba incluida en el presupuesto propuesto por el Gobernador Ned Lamont. El añadió que se necesita más investigación acerca del impacto económico y cree que la expansión sería “prematura”.
“El Departamento todavía no sabe si los fondos asignados al programa, en el formato existente, será suficiente para cubrir a todos los individuos elegibles hasta el final del año fiscal”, dijo.
Gilchrest mencionó que el departamento frecuentemente se opone a los proyectos de ley que no están incluidos en el presupuesto propuesto por el gobernador. Sin embargo, ella dijo que negociarán una vez que el comité de apropiaciones formalice su presupuesto.
Peter Hadler, Director de Supervisión de los Programas y Administrador de Subvenciones para el departamento, dijo que la expansión de HUSKY a los niños hasta los 12 años de edad ha tenido un “buen ritmo de inscripción”, donde más de 2,000 personas se inscribieron en el lapso de dos meses.
Similarmente, la Representante Hilda Santiago dijo que ella apoya por completo las medidas del HB 6616, pero se preocupa de la sostenibilidad fiscal de la expansión de HUSKY. Sus planes son supervisar el proyecto de ley a medida que haya más información acerca de las investigaciones del costo disponible.
“No se le puede dar HUSKY a las personas por tres años y después quitárselo porque no hay suficiente dinero en el presupuesto. Este es un programa que tiene que ser sostenible”, dijo Santiago.
Un pequeño grupo de personas presentaron testimonio por escrito en contra del HB 6616.
Linda Dalessio, una enfermera registrada, escribió que proveer cuidado de salud a los residentes indocumentados es una “bofetada en la cara de cada americano que trabaja”, alegando que la aprobación del proyecto de ley solo beneficia a las personas que no están presentes legalmente.
Kathleen Misset cuestionó el impacto fiscal de la expansión, el costo a los que pagan impuestos y el impacto para los ciudadanos que apenas no cumplen con los requisitos de ingreso para ser elegibles para Medicaid. Ella también escribió que proveer aseguranza médica causaría que el estado sea aún más atractivo para los no ciudadanos recién llegados.
La Representante estatal Gale Mastrofrancesco, R-Wolcott, publicó su oposición al proyecto de ley en Facebook el día de la audiencia pública. Mastrofrancesco, cuyos distritos incluyen una parte de Southington, escribió que la expansión de HUSKY para todos es solo uno de muchos proyectos de ley en la agenda de la izquierda.
“Esto no solo son ideas; son proyectos de ley que en realidad han sido presentados por miembros de la mayoría Demócrata y han sido presionados como parte de una agenda progresiva extrema”, escribió Mastrofrancesco. “Estas propuestas son de beneficio para grupos de interés especial en perjuicio de los contribuyentes normales, los padres, y los dueños de propiedades, y violan nuestros derechos y libertades protegidas por la constitución”.
Mastrofrancesco no respondió a la petición del Record-Journal por un comentario.
Mirka Dominguez-Salinas es la gerente de programas para Servicios para los Vecinos Indocumentados como parte del Integrated Refugee and Immigrant Services, situado en New Haven. Ella comentó que la expansión de HUSKY a las personas embarazadas y a los niños de 12 años y menores ya ha tenido efectos residuales.
El cambio más significativo está entre las clientas embarazadas, muchas de las cuales no habían recibido cuidado natal adecuado por meses. Con HUSKY, Dominguez-Salinas comentó que sus clientas ahora tienen acceso a muchos programas para gente embarazada.
“Puede obtener un ultrasonido, puede recibir medicamentos si lo necesita, y de repente, también se conecta a otros programas. A veces le pueden proveer pañales o ayudarle a aplicar para WIC”, ella dijo. “Es como una cadena. Una vez que está inscrito, puede conectarse a los otros servicios”.
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Cris Villalonga-Vivoni, reportera de la Equidad de Salud, es miembro del corresponsal de prensa con Report for America, un programa de servicio nacional que coloca a periodistas en salas de prensas locales. Apoye a los reporteros de RFA en el Record-Journal por medio de donaciones al https://bit.ly/3Pdb0re. Para aprender más acerca de RFA vaya al www.reportforamerica.org.